La ley del más débil
Estos días las redes están que hierven en torno al caso “Maricarmen”. A él le dediqué una reflexión la semana pasada.
Mucha gente se alegra de que la sociedad se haya movilizado frente al dominio de los fondos buitres, pero también hay quien clama en favor de la legalidad vigente, y se escandalizan de que estemos entrando en un proceso de anarquía, en el que las leyes estén a merced de …. ¿De los intereses de la mayoría quizás?
A los defensores de la legalidad vigente hay que recordarles que las leyes son reformables, y que deben de ser reformadas con el criterio del bien común.
El respeto a la legalidad es un principio básico, pues no se podría garantizar la seguridad y la estabilidad social sin unas leyes conocidas por todos, y unos mecanismos de hacerlas cumplir. Es evidente. Pero no hay que olvidar que las leyes que hoy consideramos como indiscutibles, no lo fueron hace algunos años.
Yo he vivido en tiempos de la dictadura franquista. En aquella época existía una censura, y era inimaginable criticar al gobierno, y, menos aún, al dictador. Pero esas leyes cambiaron, en parte gracias a la presión popular. Así, lo que era un delito, se convirtió en un derecho. En poco tiempo vivimos ese cambio radical.
Podríamos seguir citando ejemplos: Hoy vemos como algo normalizado que la jornada laboral sea de ocho horas. Pero no fue así hasta que las huelgas del movimiento obrero presionaron para que se redujera el tiempo de trabajo.
Hubo un tiempo en el que la huelga era considerada un delito hasta que se publicó el Real Decreto Ley 17-1977 y se reconoció el derecho a la huelga.
La esclavitud era legal hasta que el parlamento británico la abolió en 1833. En España se abolió en 1868.
El voto de las mujeres era ilegal. Hubo manifestaciones del movimiento sufragista que determinaron algo que hoy día nos parece obvio, y sin embargo, esto estuvo fuera de la ley hasta que las leyes se adaptaron a la demanda social.
En la Constitución Española, el artículo 47 da por sentado que el disfrute de la vivienda como un derecho que debe de ser garantizado por los poderes públicos.
Sin embargo, el desarrollo de la legislación no ha seguido esa lógica, ya que se ha favorecido la especulación desde los poderes públicos.
Lo que ha ocurrido ha sido una injerencia de los poderes fácticos que han defendido sus intereses con la colaboración de los diferentes gobiernos. Por ejemplo: en ella no se contempla la dación en pago, es decir, que el deudor del banco pueda saldar su deuda con la vivienda que ha perdido. Esto está permitido hasta en Estados Unidos, país que no se puede considerar revolucionario en estos aspectos. La ley hipotecaria española data de 1861, con una reforma en los años 40. Y sigue vigente, simplemente, porque no interesa a quienes especulan con la vivienda.
Por eso la ciudadanía tiene pleno derecho a utilizar los medios de que dispone para presionar a los poderes públicos para que “hagan efectivo ese derecho”, como dice textualmente el artículo 47.
La manifestación pacífica es un derecho constitucional. Y ése es el último recurso de que dispone una ciudadanía que ve cómo sus derechos se esfuman en un océano de falsas razones, y asiste impotente al festín de los buitres, que hacen grandes negocios a costa de la precariedad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, con la complicidad de los sucesivos gobiernos, que nada han hecho por mejorar la ley, aparte algunos parches que no varían sustancialmente la correlación de fuerzas. Hasta la última reforma.
La ciudadanía debe movilizarse cuando ve su futuro amenazado por la precariedad que a su vez sirve para aumentar los beneficios de anónimos consejos de administración, para quienes los derechos laborales y medioambientales no significan nada. Sí. La ciudadanía tiene legítimo derecho a hacer ruido, y hacerse oír. Es la lógica de la democracia.
Y los cristianos tenemos muchos motivos para movernos y ponernos del lado de quienes reivindican políticas garantistas de los derechos básicos. En todas las encíclicas papales surge con fuerza esta idea del bien común; del destino común de los bienes; de la intervención del Estado para garantizar los derechos de los débiles. Es una pena que nos hayamos olvidado de ello en amplios sectores de la Iglesia.
Porque la grandeza de una sociedad radica en la forma cómo trata a las personas más vulnerables.
Por eso los cristianos debemos de reivindicar la ley del más débil. Es la ley del Jesús.